De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra la mujer se define “como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la misma, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
Para la ONU, México se encuentra catalogado como uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial. Sin embargo, esta problemática no sólo se limita a los feminicidios, la violencia en el hogar, el acoso laboral o el abuso sexual, sino que también existe la violencia política contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
En nuestro país, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violencia política y, especialmente, la violencia política contra las mujeres por razón de su sexo.
En reconocimiento de que la violencia política es un obstáculo que persiste para el ejercicio en los derechos político-electorales de las mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), construyeron y firmaron en el año 2016 el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer, a fin de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en materia de violencia política por razón de género.